Es como si hubiesen salido con los tapones de sus botines de punta. Tres representantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) le respondieron de forma institucional al intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, quien había responsabilizado a la casa de estudios por la extracción de áridos en el río Muerto, que atraviesa el piedemonte de esa ciudad.
“No existe ninguna cantera autorizada por la Universidad en el Parque Sierra de San Javier. Mucho menos se solicitó cobros para la constitución de las mismas”, afirmaron el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Adolfo Vitulli, y los directores del Parque Sierra de San Javier, Rubén de la Orden y Manuel Imbert.
“Nos vemos en la necesidad y en la obligación de desmentir categóricamente sus dichos”, añadieron los ingenieros. A través de un comunicado enviado a este diario, Vitulli, De la Orden e Imbert quisieron dejar en claro las siguientes cuestiones, a decir suyo:
- Ni la Universidad ni el Parque Sierra de San Javier tienen jurisdicción para emitir autorizaciones de explotación de canteras, ni para efectuar monitoreos de esas canteras. Sólo lo tiene la Dirección de Minería, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia.
- En 2011, la Universidad revocó todos los permisos de paso por su jurisdicción a los camiones que retiraban áridos de los cauces de ríos y de arroyos que atraviesan el área protegida.
- Desde el 2012 se encuentra vigente una resolución de la Dirección de Minería, que prohíbe la habilitación de todo tipo de canteras en la vertiente oriental de la Sierra de San Javier y, particularmente, en el río Muerto.
- El municipio de Yerba Buena es el único que está trabajando en el cauce del río Muerto, a pesar de la mencionada prohibición, y fuera de los límites de la propiedad universitaria. Además, sus camiones se encuentran extremadamente cerca de la infraestructura del puente sobre la ruta 338, que conduce a San Javier. El intendente debería investigar si hubo una mala explotación de su cantera, en vez de inventar que existen otras 15 canteras en el territorio universitario.
- El avance de la mancha urbana debe ser un tema de control del municipio, a través de su Código de Ordenamiento Urbano. En el caso de Yerba Buena, se hace necesaria la revisión de esa directriz, porque deberían dejarse porciones de suelo no urbanizables. Eso se le viene planteando al actual intendente desde que se encuentra en su cargo.
- La Universidad siempre se ocupó del tema, y procuró trabajar en conjunto con la Municipalidad y con las autoridades provinciales. Primero, se firmó un convenio de manejo integral de la erosión en la Sierra de San Javier. Luego, durante la gestión del ex gobernador Julio Miranda, se rubricó un otro trato, para lo que se denominó Plan Director de la Vertiente Oriental de la Sierra de San Javier. Incluso, este acuerdo fue ratificado a través de una ley provincial, firmada por el vicegobernador de ese entonces, Sisto Terán Nougués.
Por último, Vitulli, De la Orden e Imbert se manifestaron convencidos de que la UNT tiene presencia, control y vigilancia en toda su área protegida. El Parque Sierra de San Javier fue creado en 1973 y, desde entonces, es administrado por la UNT. Ocupa unas 14.174 hectáreas, y, por sus funciones biológicas, es de vital importancia para las poblaciones aledañas, como la comuna de San Javier y el municipio yerbabuenense.
“Que se preocupen”
En la edición dominical de este diario se publicó una entrevista a Toledo, quien, entre otras cosas, responsabilizó a la UNT por la extracción de áridos del río Muerto. Según él, esa creciente fue la que causó los mayores desastres en ese distrito durante la tormenta del pasado sábado 7 de marzo.
“Si los expertos hablan de una extracción de áridos desmedida, entonces que la Universidad y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, a través de su Secretaría de Minería, se preocupen y controlen. En ese cauce hay 15 canteras que han sido otorgadas por la UNT”, había declarado el intendente a LA GACETA.
“En ninguna ciudad sensata se pavimenta antes de hacer los desagües”
“Yerba Buena es la crónica de una muerte anunciada”. Eso dice antes de cortar la comunicación. Así finaliza la charla con José Domián, un sanitarista que vive en esa ciudad piedemontana y que ha contemplado, sin sorpresa (aclara), cómo las tormentas de verano arrasaban canales, levantaban pavimentos, sacudían puentes y transformaban las calles en ríos. Antes de esa frase de colofón, Domián ha responsabilizado del drama a quienes sacan los áridos del pie del cerro.
“Lo que están haciendo es un crimen ecológico. El intendente de esta ciudad, Daniel Toledo, ha permitido, en su gestión, que las empresas constructoras se mofen de los cerros”. Cuando habla de este asunto, Domián se exaspera. En 2011, cuando era concejal, pidió la intervención de la policía minera en ese municipio, que ya era gobernado por Toledo.
“Han destruido todo el piedemonte, desde Villa Carmela -al este- hasta el country Los Azahares -al sur-. A ese cono de deyección geográfico, también llamado depósito de aluviones, le han robado su carga de sedimentos. Por eso, Yerba Buena ha quedado desprotegida, sin esa barrera natural que desvía el agua que baja de las montañas”, añade. Domián ha sido director de la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias, conocida como Dipos. También tuvo a su cargo las cátedras de Hidráulica I e Hidráulica II de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Tucumán.
“Esa zona debería haber sido cuidada por el intendente, en primera instancia, y por la Universidad, en segunda instancia, que es la administradora de las tierras comprendidas dentro del Parque Sierra de San Javier”, prosigue, en referencia a dicha área, que desde 1973 se encuentra protegida.
“El río Muerto se enojó. Eso ha pasado aquí. Se hartó. Hubo una extracción indiscriminada de sus áridos. No es que haya llovido más este verano, sino que los efectos de las lluvias han sido más violentos, porque ya no quedan piedras que frenen las aguas”, explica.
La madrugada del sábado 7 de marzo, el río creció hasta lo impensando, volteó las paredes verticales que actuaban como defensas y obligó a evacuar a las personas que vivían justo debajo del puente de la ruta 338, que une la zona de El Corte -en el municipio yerbabuenense- con la comuna de San Javier -en la cima del cerro-. Ese día hubo, además, una destrucción descomunal en los canales, que todavía hoy puede observarse, con grandes bloques de hormigón arrastrados por la correntada.
- ¿Cree que hay otras causas de las inundaciones en este distrito?
- Sí. Me preocupa la urbanización, que se extiende hacia el pie del cerro. Algún día se va a derrumbar El Corte. Así como lo oye: se va a derrumbar. La gente construye casas y más casas. Y no se da cuenta de que ese corte geográfico -de ahí su nombre- se está viniendo abajo.
“Para peor -prosigue Domián- Toledo y el gobernador José Alperovich se ufanan de todo lo que han pavimentado, pero en ninguna ciudad del mundo, que se jacte de ser sensata y organizada, se pavimenta antes de que se hagan los desagües pluviales. Han pavimentado y edificado tanto, que los suelos no absorben nada. Y aquí no hay ni una alcantarilla”.
En sus ocho años de gestión, el intendente ha asfaltado unas 1.700 cuadras. Para cuando culmine su mandato, hacia fin de año, planea sumar unas 100 cuadras más, según sus dichos. Hace unos meses, comenzó la obra de canalización del Boulevard 9 de Julio, que convertirá la vieja zanja en un canal entubado.
No obstante, desde el punto de vista de Domián, lo que se está comenzando a hacer en materia de desagües, ya ha sido superado por la cantidad de agua. “Todo conspira para que la cosa sea cada vez más grave”, dice el ingeniero. Y justamente esa ha sido la frase con la que ha comenzado esta charla.
En ese documento -llevaba la firma de los ingenieros Hugo Roger Paz y Roberto Lazarte Sfer- se recomendaba que se suspendiera la extracción de áridos. Durante unas inspecciones, los especialistas habían encontrado rastros de sobreexplotación de material en el lecho
“En algunos tramos se ha llegado a remover completamente los restos aluvionales. Han dejado al descubierto el sustrato fino”, advertían.
Los universitarios habían calificado la extracción de áridos como anárquica.
En el seno universitario, esa investigación se conoció como “informe Pagani”, por el apellido de Sergio Pagani, decano de la Facultad de Ciencias Exactas. En aquel entonces, una vez conocidos los resultados de ese estudio, la Universidad convocó al ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, y firmaron un convenio para frenar la depredación de Las Yungas. Tres años después, ese informe parece no haber sido escuchado.